QUÉ FUE DE… | La pareja paquistaní que cobró 395.000 euros de la RGI

AZKEN BERRIAK

Corría el año 2015 cuando una pareja de origen paquistaní residente en Vitoria falseó su identidad hasta en diez ocasiones para conseguir ayudas sociales de forma fraudulenta. Él cobraba seis rentas de garantías de ingresos (RGI) al mismo tiempo y su mujer, otras cuatro. Estas percepciones sociales eran otorgadas desde las oficinas de empleo y ayudas sociales del Gobierno vasco, Lanbide, adonde acudía esta pareja de defraudadores para cobrar. Una renta que podría variar entre los 6.000 y los 10.000 euros mensuales. Se calcula que durante los más de tres años que engañaron al Gobierno vasco, ganaron 395.000 euros. Cuatro personas ya han sido arrestadas por estos hechos.

Fue la Diputación de Álava (PP) la que denunció en 2013 que se había detectado una llegada masiva de menores de Pakistán, que recalaban en los centros de acogida de la capital. De hecho, la población paquistaní se ha triplicado, de 500 a 1.500 personas censadas. A raíz de aquello, la Ertzaintza ha descubierto una red que habría falseado documentación para facilitar el cobro de las ayudas sociales a personas de aquel país. En Vitoria se han descubierto un centenar de empadronamientos falsos de paquistaníes. Un entramado que estaría vinculado con la captación de menores en la región norte del país (Lahore). Allí ofrecían a sus padres llevarlos al País Vasco, donde sus hijos podrían vivir de las instituciones previo pago de hasta 6.000 euros. Viajaban a través de Turquía, Grecia y Barcelona, hasta alcanzar la capital alavesa, según fuentes consultadas por ABC.
Otros casos flagrantes han incendiado en el último año a la opinión pública alavesa, que ha visto cómo condenados como un abusador sexual han seguido cobrando la RGI después de ser sentenciados. A la pregunta de por qué se concentra esto en Álava, el diputado general, Javier de Andrés (PP), responde:«Es en todo el País Vasco, pero ni PNV ni Bildu lo denuncian. La normativa aquí es laxa, hay mala gestión y cero control. Se les ponen sueldos sociales altos, sin demostrar nada, y funciona el boca a boca», denuncia.

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